La sentencia de Nuevo México importa menos por su cifra que por su fundamento: las promesas de privacidad pueden convertirse en pasivos carísimos cuando el consentimiento es solo una casilla.
Los juguetes conectados convierten los riesgos habituales de los dispositivos inteligentes en conversaciones íntimas con usuarios demasiado pequeños para valorar el consentimiento, la conservación de datos, la seguridad o la manipulación.
El ambicioso plan de Ho Chi Minh para integrar las cámaras de vigilancia con la base de datos nacional de población es un audaz salto hacia la gobernanza de ciudades inteligentes, pero ¿a qué costo potencial para la privacidad individual?
La nueva práctica de Google de vincular automáticamente números de teléfono en todas las cuentas de un dispositivo Android reduce sutilmente el control del usuario y fomenta la consolidación opaca de datos.
El rápido avance de la inteligencia artificial choca con leyes de propiedad intelectual obsoletas, revelando un vacío crítico en la regulación global que exige marcos más claros para el uso y la creación de datos.
La aprobación definitiva del acuerdo de AT&T por filtración de datos marca un antes y un después: una ciberseguridad inadecuada implica ahora costes económicos y de reputación prohibitivos, y exige responsabilidades a nivel ejecutivo.
Una reciente revelación sobre una cafetera inteligente que consumía un terabyte de datos locales subraya la urgente necesidad de mayor transparencia y control sobre el uso de los dispositivos IoT.
La decisión de Anthropic de denunciar a la policía una amenaza privada de una usuaria, que resultó en un cargo de delito grave, expone la necesidad urgente de marcos éticos y legales sólidos que rijan la supervisión de la IA y la privacidad del usuario.
Los vehículos conectados modernos recopilan y comparten una gran cantidad de datos personales, transformándose en dispositivos de vigilancia móviles con importantes implicaciones para la privacidad.
